Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).– El sector minero mexicano es actualmente uno de los campos económicos del país con el mayor número de deficiencias y faltas, en especial el ramo dedicado a la industria carbonífera. En esta actividad, sus trabajadores en su mayoría no cuentan con contratos de trabajo, no están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no los liquidan o se les despide de manera injusta, no tienen capacitación, no cuentan con equipo de seguridad mínimo —botas, lámparas y cascos— y las normas de seguridad e higiene (como tener una salida de emergencia) son inexistentes. Además de carecer de comedores, sanitarios y enfermería.

Mientras el sindicato  y el gobierno componen el otro lado de la misma moneda, todo parece indicar que el sector minero en México es “tierra de nadie” y las muertes de cientos de mineros incluyendo las afectaciones al ambiente son “gajes del oficio” que nadie quiere pagar.

Los mineros apenas y reciben pagos superiores al salario mínimo, además de que “no poseen Seguro Social, no tienen Infonavit, ni prestaciones y algunos otros apenas y reciben el salario mínimo”, aseguró Federico Álvarez Anaya, Decano en Derecho Laboral de la Universidad Iberoamericana.

Actualmente los trabajadores mineros mexicanos, en general, perciben un sueldo de 61.38 pesos hasta 64.76 de acuerdo al área geográfica. Mientras que los operadores de buldócer perciben un sueldo entre 94.07 y 99.42 pesos, y los operadores de draga tienen un ingreso de entre 95.12 y 100.45, de acuerdo con datos obtenidos del Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (Inegi).

Cristina Auerbach Benavides, defensora de los derechos de los mineros de la Familia Pasta de Conchos, afirmó a SinEmbargo que la organización recientemente ha llevado a cabo inspecciones en un tajo minero para corroborar si las condiciones de seguridad habían cambiado o se cumplían.

“La semana pasada se hizo una inspección y otra vez están sin equipo de seguridad. Esto quiere decir que la empresa al momento de la primera inspección consiguió las cosas prestadas. Desde hace dos años los mineros se han preguntado por qué no tienen equipo de seguridad y por qué no hay reparto de utilidades.”

A pesar de que en ocasiones se trabaja dentro del marco de la ley, en donde los mineros tienen incapacidad y seguro social, hay otros aspectos que permanecen en un punto ciego. “Hay temas de responsabilidad social y corporativa que no están negociados en los contratos laborales, es decir que [los mineros] no tienen acceso a educación para sus hijos, a becas, a mejores oportunidades”, afirmó Manuel Francisco Valencia Bastida, Director de la Carrera de la licenciatura en Negocios Internacionales del Tecnológico de Monterrey.

Sobre el tema de la presencia de infantes en las minas, Cristina Auerbach aseguró que “casi siempre que se hacen recorridos se encuentran niños. Siempre, aunque no los hay en todos los lugares. Ellos empiezan como hueseros. Las escuelas en esta región sólo sirven para entretenerlos en lo que se van a las minas”.

NO HAY LEY QUE LOS PROTEJA 

La insalubridad, el alto riesgo, los salarios bajos, la falta de prestaciones y de protección social fueron factores que originaron “más de manera mediática que de forma efectiva” la modificación a la Ley Federal del Trabajo, que entró en vigor el 30 de noviembre del año 2012, con la finalidad de que fuera aplicable a los trabajadores de las minas.

El capítulo XIII Bis de la Ley Federal de Trabajo expresa claramente que “las disposiciones de este capítulo son aplicables en todas las minas de carbón de la República Mexicana, y a todos sus desarrollos mineros en cualquiera de sus etapas mineras en que se encuentre”.

Dichos mandatos contemplan e incluyen lo que debería ser obvio: Todo centro de trabajo debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; facilitar y mantener en condiciones higiénicas instalaciones para que sus trabajadores puedan asearse y comer; Informar a los trabajadores de manera clara y comprensible los riesgos asociados a su actividad, los peligros que éstos implican para su salud; proporcionar el equipo de protección personal necesario; no contratar o permitir que se contrate a menores de 18 años; contar con la debida capacitación y adiestramiento que les permita identificar los riesgos a los que están expuestos y, por último, dentro de la mina contar con sistemas adecuados de ventilación y fortificación en todas las explotaciones subterráneas, las que deberán tener dos vías de salida.

Sin embargo, la defensora de los derechos de la organización Familia Pasta de Conchos declaró que durante la reforma a esta ley, se habían agregado párrafos relacionados con el uso de tiros verticales en las minas para extraer carbón. Pero en el paso de la ley de diputados a senadores “no hubo ninguna especificidad sobre el tema de la minería del carbón porque se borraron estos párrafos.”

¿COMPROMISO EMPRESARIAL?

Las empresas mineras están más preocupadas por su productividad, ya que los municipios en donde radican las minas tampoco son lo suficientemente exigentes con el cumplimiento de las normas.

“Cuando se mapea la ubicación de las minas y las cruzas con el nivel de desarrollo con los municipios donde están ubicadas, te das cuenta que la empresa minera llega con poder de negociación al municipio. Por medio de esto uno deduce que el municipio es completamente dependiente de la minera”, afirmó Manuel Valencia.

La falla más recurrente por parte de las mineras a las que el Estado les concesiona los yacimientos es que no existe compromiso genuino por parte de las empresas para hacer cumplir las normas existentes, ya que están más involucradas en tener mayor producción debido a la presión internacional que tienen para que su producto figure dentro del mercado, ya que actualmente dicho sector no se encuentra en su mejor momento.

Sobre esto el académico del Tecnológico de Monterrey informó que los municipios cuya economía es dependiente de la minería, tienen la necesidad de crear empleos ya que no existe para la región otra manera de activar su economía. “La empresa minera se los provee y listo. Se convierte en un conflicto de intereses para el municipio, éste dice: ‘¿Qué hago? Me pongo exigente con la minera y le exijo mejores condiciones, cuando yo municipio no soy capaz de atraer otro tipo de industria.’

Desde la creación de la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi), este organismo ha funcionado como intermediario para dar las concesiones a las empresas mineras.

“Antes de que ocurriera lo de Pasta de Conchos se hizo un contrato por 3.3 millones de toneladas de carbón con 74 empresas mineras. De esas 74 empresas, 10 no tienen registros, ni centro de trabajo que pertenezcan en estas empresas. El 54 por ciento de ellas presentaron títulos cancelados, suspendidos o en otro estado del país, mientras que 8 empresas de ellas tienen 0 trabajadores”, declaró Cristina Auerbach.

EL SINDICATO, NI SUS LUCES

Las modificaciones a la ley no ejercen una presión real sobre los empresarios, ni por parte de los trabajadores ni del Sindicato de Mineros como para que cambien radicalmente las condiciones de trabajo. Incluyendo que este organismo no tiene una postura estricta respecto a las condiciones en las que los mineros se encuentran, por lo que difícilmente se cumplen con las normas básicas de seguridad.  

Manuel Valencia declaró que el problema es que “ni el sindicato lo exige, ni las normas son suficientemente estrictas como para llevarnos a estándares globales o altamente competitivos”. A esto se suma que las regiones en donde están establecidas las minas, no hay muchas opciones para los empleados, de tal manera que “no se les permite acceder ni a mejores trabajos ni están los mineros en una postura para exigir más”.

La importancia del sindicato radica en que a través de él los mineros son contratados por las empresas, así que si existen violaciones respecto a las condiciones de trabajo de los mineros es “gracias a la corrupción, ya que [el sindicato] cuida sus intereses, esto que quiere decir, que cuida sus cuotas, sus negociaciones y se convierte en la llave de entrada para el trabajador minero”, aseguró el maestro.

“Esto quiere decir que si el sindicato es corrupto y se colude con la empresa, el trabajador que quiera acceder a la minería, entrará bajo las condiciones y las reglas que dicte el sindicato“, agregó.

El problema de falta de seguridad al que se enfrentan los mineros en el fondo es un problema sindical. “Nosotros podemos crear todas las normas y las reglas sin tocar al sindicato. Esta regla cumple con estándares de la norma internacional del trabajo pero no lo toca. Así que la solución es quitarle lo corrupto al sindicato y eso una historia de nunca acabar en este país,” declaró el académico.

“El tema sindical es un problema más que una solución”, afirmó Cristiana Auerbach para SinEmbargo. Con el dirigente del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia se sabe que se tenía firmado un contrato de protección con Grupo México y en donde el sindicato cobraba 2 mil pesos y un porcentaje del salario diario (aproximadamente 12 pesos) por cada trabajador para no sindicalizarlo.

“Él es el responsable de lo que ocurra en la región. No hay nada que hayan hecho ellos para detener o mejorar estas condiciones. Intentan atacar únicamente a las empresas con las que puedan tener buenos acuerdos”, afirmó.

HACER CUMPLIR LA LEY

En caso de que se niegue o no se cumpla lo dictaminado en la ley, el minero puede solicitar el auxilio de la fuerza pública, federal, estatal o municipal, según sea el caso, para que se haga cumplir las normal laborales. Para ello se realizará una inspección previa en donde en caso de notificarse alguna irregularidad, se ordenará la suspensión de obras y trabajos mineros.

La postura que el gobierno federal ha tomado a partir de estas modificaciones ha sido incrementar las inspecciones de trabajo por medio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). “Esto se debe por dos razones. La primera para verificar que se cumplan las obligaciones patronales, y segundo, para captar recursos al momento de levantar las multas, en especial en las minas de carbón que son las que presentan mayor número de irregularidades”, declaró Federico Álvarez Anaya.

Las multas van desde los 2 mil hasta los 3 mil 500 veces el salario mínimo, cantidades que vendrían siendo entre 134 mil 580 pesos hasta 235 mil 515 pesos, si se toma en cuenta que actualmente el salario mínimo es de 67.29 pesos diarios.

Sobre este tema, Cristina Auerbach afirmó desde el accidente en la mina de Grupo México ubicada en San Luis Potosí que cobró la vida de cinco mineros, el gobierno ha encarecido el monto de las multas por los mineros fallecidos, “así les sale más barato implementar las medidas de seguridad que el minero muerto”.

Aunque se hayan aumentado el número de inspecciones, las condiciones permanecen igual. “No se ha visto ningún trabajo de inspección ni por parte de la Secretaria de Economía porque está metida en asuntos de corrupción, mientras que el IMSS y la Semarnat no los conocemos porque nunca han venido”. Después de lo ocurrido en Pasta de Conchos, “los sindicatos se han dedicado a vender las cláusulas de seguridad a la hora de revisión, negocian con las autoridades para que se quiten cláusulas”, agregó.

CONTRIBUCIONES DE LA REFORMA ENERGÉTICA

Las condiciones de trabajo una vez aplicada la Reforma Energética se considera que se mantendrán iguales ya que “el problema de origen no es la competencia entre las empresas, sino la falta de buenos manejos en el sindicato y en tanto la empresa siga negociando con él, nada cambiará”, afirmó Manuel Valencia.

Una manera en la que la reforma podría contribuir al cambio de las condiciones laborales de los mineros es considerando la apertura de mayores asociaciones sindicales, más que la apertura de competencia, “porque la culpa de la monopolización del sindicato es del gobierno que lo permite y le conviene. Es decir, es un doble juego moral. Al gobierno le conviene lidiar con un solo sindicato en lugar de promover la apertura sindical.”

Sin embargo, Cristina Auerbach aseguró que las condiciones actuales en las que viven los trabajadores mineros es un anticipo de lo que sucederá con la Reforma Energética. “A esta región han venido los mismos representantes que tienen muertos en sus minas para hacer promoción del gas shale. Por lo que todo se dará dentro de este mismo desorden”, dijo.

“ECOLOGÍA” DE LAS MINAS DE CARBÓN

Los daños potenciales que ocasiona la minería carbonífera son muchos. La contaminación de cuerpos de agua, la deforestación, la degradación de ecosistemas, incluyendo la contaminación local.

Diversas organizaciones ambientalistas y asociaciones campesinas alertan sobre la aparición de tóxicos en el agua utilizada que, tras volver a la superficie, contamina el territorio y causa problemas para los habitantes de la zona, la biodiversidad, flora, fauna, agricultura y ganadería.

El tema de las minas no ha sido analizado a fondo por parte del gobierno, y que se encuentra pendiente. Los altos precios de los metales han provocado que haya incentivos a dejar que siga creciendo la actividad.

El Coordinador de Planeación Académica de la Universidad Iberoamericana y experto en economía ambiental, José Alberto Lara Pulido afirmó que “existen muchas concesiones mineras en México, principalmente de Canadá. Incluso a veces parece un tema tabú, o por lo menos que siempre se ha quedado hasta el último en la agenda ambiental, a pesar de los altos riesgos ambientales que tiene esta actividad”.

Los daños a corto plazo que se pueden esperar de la actividad minera carbonífera son la contaminación de acuíferos y aguas superficiales, y por tanto, el potencial envenenamiento de personas.

Mientras que a largo plazo, “la deforestación de la zona y degradación de ecosistemas que implica más calentamiento global, biodiversidad en riesgo, erosión, entre otros”, agregó el académico.

Se considera que las posibles soluciones que el gobierno puede aplicar para ayudar a contrarrestar los prejuicios que las empresas mineras provocan al ambiente, son que “se apliquen impuestos ambientales a las compañías mineras, además de crear una reglamentación para la remediación de daños ambientales”, afirmó Alberto Lara.